Los riesgos que frenarían la inversión minera en áreas indígenas de Brasil

Un proyecto de ley para aprobar las actividades extractivas en terrenos indígenas es uno de los principales temas hoy por hoy en el sector minero de Brasil, puesto que abriría nuevas oportunidades comerciales.

Sin embargo, incluso si el Congreso lo aprueba, es posible que las grandes empresas mineras no aprovechen la oportunidad de inmediato debido a una serie de riesgos legales y a otros relacionados con aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

"Una aprobación del Congreso no provocará que las principales mineras se apresuren a explorar estas áreas", dijo Clovis Torres, abogado especialista en minería del bufete Souza, Mello e Torres y exdirector de sostenibilidad de la minera brasileña Vale, en entrevista con BNamericas.

“Los primeros pasos los darán empresas más pequeñas que explorarán metales preciosos, como el diamante y el oro, que no necesitan la creación de grandes estructuras logísticas para su transporte”, señaló.

"Es probable que las grandes compañías solo presten atención a estas áreas en una segunda fase, cuando todos los riesgos legales y aspectos relacionados con las prácticas ESG estén claros", agregó Torres.

Durante la semana, una comisión de la Cámara Baja aprobó una propuesta para cambiar las reglas para la demarcación de territorios indígenas, lo que representa un paso adelante hacia la aprobación del proyecto de ley que permite la minería en estas zonas.

Los terrenos indígenas representan alrededor del 12% de la superficie de Brasil, el equivalente a un área más grande que Colombia, y se concentran principalmente en la selva amazónica o en sus alrededores. El proyecto de ley ha generado fuertes críticas nacionales e internacionales debido al tema de la deforestación.

Además del riesgo de reputación que enfrentan las principales empresas mineras al lidiar con temas ambientales, ahora también existe un riesgo legal a considerar, ya que los fiscales brasileños han dicho que la minería en tierras indígenas es inconstitucional.

"Las obras de desarrollo minero e hidroeléctrico en tierras indígenas recibieron una consideración especial en la Constitución de 1988 precisamente por el daño potencial y la amenaza a la vida y la cultura de los pueblos indígenas", indicó el Ministerio Público en un comunicado el jueves.

La postura del organismo podría hacer que los bancos e inversionistas se muestren más reacios al momento de brindar financiamiento a proyectos mineros en áreas indígenas.

"Si el Congreso aprueba la regulación, el gobierno tendrá que trabajar en pautas muy claras con respecto a las licencias ambientales en estas áreas, porque los financistas de proyectos tienden a mirar este tipo de iniciativas con extrema precaución", advirtió Torres.

La minería a gran escala en territorios indígenas también enfrentaría un gran desafío logístico, ya que la construcción de infraestructura para transportar los metales estaría sujeta a un riguroso proceso de licencia ambiental.