Aguas inexploradas: los problemas que el caso Dominga acarrea al gobierno de Chile

El sindicato de pescadores artesanales de Totoralillo Norte, junto a mariscadores y otras comunidades de la región chilena de Coquimbo, presentarán una querella contra el Comité de Ministros, que rechazó el proyecto minero-portuario Dominga, acusándolo de desacato de una sentencia judicial e inserción dolosa de declaraciones falsas en un documento público.

La denuncia sostiene que el comité no cumplió con las condiciones exigidas por un tribunal ambiental regional en diciembre. Esta decisión judicial se pronunció respecto de una demanda interpuesta por Andes Iron, propietaria del proyecto de US$ 2.500 millones para producir cobre y mineral de hierro, instalar una planta desalinizadora y construir un puerto en el municipio de La Higuera.

Entre los acusados se encuentra la ministra del Medio Ambiente, María Eloísa Rojas, quien, junto a otros acusados, podría incluso enfrentar una pena de cárcel.

Además, los ministros dictaron su resolución final después de expirar el plazo legal, que vencía el 31 de diciembre de 2024, al pronunciarse dos semanas después.

Para conocer más sobre el caso, BNamericas conversa con Marcelo Castillo, experto en litigios de Vicent & Asociados Abogados y representante legal del sindicato de pescadores.

BNamericas: ¿Por qué el sindicato de pescadores de Totoralillo Norte, junto a otros grupos, presentarán una querella en contra de la ministra del Medio Ambiente y otras autoridades del Comité de Ministros?

Castillo: Desde antes que se conociera el rechazo de la reclamación interpuesta por Andes Iron, el sindicato que represento expresó en enero, marzo y junio de 2023 la falta de imparcialidad y de objetividad del Comité de Ministros, ya que algunos de sus integrantes habían manifestado públicamente sus opiniones contrarias al proyecto Dominga, lo que representaba un grave conflicto de interés. 

Por eso el rechazo de junio de 2023 no resultó para nada extraño o sorpresivo, por lo que, con justa razón, fue reclamada por Andes Iron. Este reclamo fue acogido por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que expresó de manera clara el plazo y las condiciones bajo las cuales debía pronunciarse nuevamente el Comité de Ministros: 15 días hábiles que vencían el 31 de diciembre de 2024, sin integrantes que estuvieran inhabilitados y respetando los fallos judiciales previos que estaban firmes y ejecutoriados.

En ese contexto, cuando se dictó la Resolución Exenta N° 20259910145 para rechazar nuevamente el proyecto —fuera del plazo legal, el 8 de enero de 2025, y fundada en materias que ya habían sido resueltas en la evaluación ambiental o que no fueron objeto de reclamaciones— [el comité] incurrió en el delito de desacato de lo ordenado cumplir por el tribunal y el delito de falsificación ideológica, al hacer una narración dolosamente falsa de lo reclamado. 

BNamericas: ¿Por qué cree que el Comité de Ministros no cumplió con lo ordenado por el Tribunal Ambiental?

Castillo: En nuestra opinión, es bastante claro. Se trata de una orden política impartida por el presidente Gabriel Boric, quien el día que resultó electo en su primer discurso dijo “no a Dominga”, y todo su gobierno se ha hecho eco de esa consigna. 

Además, sus voceros en materia ambiental durante su campaña eran Maisa Rojas, actual ministra del Medio Ambiente, y Ezio Costa, abogado de Oceana, uno de los reclamantes contra Dominga. Todo esto es impresentable, porque una camarilla política está quebrantando reglas básicas del Estado de derecho, como el bien común, la objetividad, la imparcialidad y el cumplimiento de los fallos judiciales, para satisfacer sus apetencias políticas.

BNamericas: ¿Cuáles son las penas o consecuencias que podría acarrear la querella en contra del Comité de Ministros? 

Castillo: La penalidad aplicable al delito de desacato es reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, una pena que va de 541 días a 5 años de privación de libertad, más las penas accesorias de inhabilidad para ejercer cargos públicos, mientras dure la condena. En cambio, el delito de falsificación ideológica se sanciona con una pena de 3 años y 1 día a 10 años, más las accesorias legales. 

BNamericas: ¿Dominga cumple cabalmente con la legislación ambiental de Chile? ¿Qué hay de cierto con los reclamos por su cercanía con áreas protegidas por la zona del archipiélago de Humboldt?

Castillo: El proyecto Dominga cumple, sin ninguna duda, con toda la legislación ambiental aplicable, lo que fue declarado por el informe consolidado de evaluación ambiental, así como en varias ocasiones por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que aprobaron el proyecto y las reclamaciones que se interpusieron a su favor por el titular. 

Lo de la cercanía con las áreas protegidas del archipiélago de Humboldt es un mito, ya que el puerto se ubicará a 30 km lineales de la reserva nacional Pingüino de Humboldt, con tracks de navegación muy delimitados para no afectar a la fauna marina. 

Por su parte, la mina e instalaciones accesorias, que desde el punto de vista ambiental es lo que más podría impactar el medioambiente, es imposible que afecte al archipiélago de Humboldt, pues se ubica en el medio terrestre, no teniendo ninguna interacción o impacto directo con el medioambiente marino. 

En la zona de explotación de la mina, no hay pingüinos, cetáceos, ni ninguna otra especie marina protegida, ya que se encuentra aproximadamente a 14 km de la línea costera y a 42 km de Punta de Choros, que es la localidad terrestre más cercana de dicha reserva nacional.